Nuevos avances hacia la puesta en vigor de la Ley del Juego en España

El Gobierno popular sigue dando pasos lentos pero firmes de cara a la puesta en vigor de la Ley de Regulación del Juego en España.

La semana pasada, sus representantes hicieron dos comunicaciones de interés para el sector.

El pasado miércoles 22, Enrique Alejo, director general de Ordenación del Juego, afirmó en una reunión mantenida con la Asociación Española de Juego Digital (JDigital, antigua AEDAPI) que la concesión de las primeras licencias del juego tendrá lugar durante la primera quincena de abril.

Y dos días después, el Consejo de Ministros, por medio de Soraya Sáenz de Santamaría, anunció que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia será la entidad encargada de supervisar el proceso de legalización del juego online en España. El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Economía y Competitividad y tendrá su sede en Madrid.

De acuerdo con sus premisas de ahorro y eficacia, el ejecutivo popular ha decidido reducir los costes del personal de gobierno unificando bajo la citada Comisión ocho organismos heredados de la anterior legislatura: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión Nacional del Juego, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, la Comisión Nacional de la Competencia y el Comité de Regulación Ferroviaria. La citada unificación supone la reducción del número total de consejeros, de 52 a 9, lo que supondrá un ahorro de unos 4 millones de euros en sueldos y retribuciones.

Todas estas medidas forman parte de la futura Ley de reforma de organismos supervisores, que será aprobada de manera inminente. La puesta en vigor de la ley tendrá como consecuencia inmediata el hecho de que la Comisión Nacional del Juego no sea creada, en contra de lo establecido en la Ley de Regulación del Juego. Ello obligará a reorganizar la estructura y las competencias de las autoridades reguladoras del juego, y a modificar la ley.

Tras la última decisión del gobierno, la Dirección de Ordenación del Juego, adscrita al Ministerio de Hacienda, no tendrá competencias de regulación y supervivión; únicamente asumirá tareas administrativas, como las de registro e inspección de los operadores del sector.

Todo parece apuntar a que cada vez queda menos tiempo para la puesta en vigor de la Ley del Juego. No obstante, para que llegue dicho momento, el Gobierno habrá de realizar varias tareas: la aprobación de la Ley de reforma de organismos reguladores, la reforma de la Ley de Regulación del Juego, la constitución y puesta en marcha de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la distribución de tareas y competencias entre la nueva Comisión y la Dirección General de Ordenación del Juego, y finalmente la concesión de licencias.

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