El pasado martes, la Dirección General de Ordenación del Juego hizo público un comunicado en el que afirmaba que la Ley de Regulación del Juego en España entrará en vigor el próximo 1 de junio, al tiempo de la concesión de las primeras licencias que permitirán ofrecer legalmente a sus operadores servicios de juego online con dinero real en nuestro país.

La publicación de esta impactante noticia hizo que la GamingInSpain Conference se convirtiese en el centro de atención para todas las personas relacionadas, de una manera u otra, con el poker online. En ella, habían de participar dos “peces gordos” de la regulación: Enrique Alejo (Director General de Ordenación del Juego) y Carlos Hernández (Subdirector General de Ordenación del Juego). Los títulos de sus intervenciones prometían mucho (“Novedades legislativas” y “Perspectivas de la regulación...”, pero sus palabras fueron muy desalentadoras. Más que ofrecer respuestas, generaron nuevos interrogantes. Afirmaron que la entrada en el mercado regulado se producirá, tal como anunciaron, el 1 de julio, pese a que, según reconocieron, aún les queda mucho trabajo por hacer para perfilar bien la regulación y que la ley experimentará diversas modificaciones.

Los conferenciantes sobre fiscalidad tampoco aportaron nuevas luces al tema del pago de impuestos por los jugadores.

Lo más comentado en el Palacio de Congresos de Madrid fueron las posibles sanciones que el Ministerio de Hacienda, por medio de la ONIF, podría imponer a los operadores que han ofrecido sus servicios en España durante los últimos años en el anterior marco de alegalidad. Entre los participantes, cundieron rumores de cantidades desorbitadas. Por ejemplo, llegó a comentarse que PokerStars habría de hacer frente a una sanción de 200 millones de euros (algo que, obviamente, haría inviable la continuidad de la sala de la pica roja en el mercado español).

Así mismo, también fue muy comentado el elevadísimo tipo impositivo al que habrán de hacer frente los operadores: un porcentaje mínimo del 43% (cantidad saliente de la suma del 25% del impuesto sobre actividades del juego y del 18% del IVA -que, además, las empresas del sector no podrán desgravar en sus declaracionese-). Además, este porcentaje podría incrementarse si las comunidades autónomas deciden quedarse con una parte del pastel y si, como parece, el Impuesto sobre el Valor Añadido sube al 21%.

Por todo estos motivos, no es extraño que diversos medios, como el diario económico Cinco Días, hayan publicado en sus ediciones de hoy que los grandes operadores internacionales del juego están planteándose no entrar en España.

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